Los agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han apoyado hoy “sin fisuras” el acuerdo alcanzado entre Coprehu y el Gobierno andaluz para dar prioridad y ejecutar las obras de la presa de Alcolea, reactivándolas.
En este sentido, el portavoz del colectivo, Julio Díaz, ha recordado que existe una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) plenamente vigente, “no entendemos por qué se paraliza, retrasa, una obra que es clave para el sistema hidrográfico”. Es decir, aportaría más agua en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, “haciendo aún más viable el trasvase al Condado y respetando los usos y necesidades de la cuenca cedente”.
Este tipo de infraestructuras son muy necesarias para que, en época de lluvias como las del pasado mes de diciembre, “recojan recursos y no sería necesario soltarlos al mar, como ocurrió a finales de 2022 con los 210 hm3 de agua porque no había dónde almacenarlos ni cómo transportarlos por la falta de infraestructuras que, aun estando contenidas en la Ley, no se ejecutan”.
Desde nuestro punto de vista, “si el Gobierno de España no puede o no quiere hacer esa obra, que la deje en manos de la Junta de Andalucía, que ya ha mostrado su disposición a hacerla”.
El canal de Trigueros es otra de las obras necesarias en el Tinto, Odiel y Piedras, una obra “que necesitamos que se priorice para que el agua llegue a otros puntos de la provincia donde hace falta, también a la demarcación de la Cuenca del Guadalquivir que es deficitaria de agua”.
Un Consejo de Ministros “electoralista”.
La Plataforma ha valorado también el decreto publicado tras el último Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el 10 de mayo, en el que se destinaban 3 hm3 anuales desde el Tinto, Odiel y Piedras hasta el Guadalquivir para el consumo humano en Matalascañas (Almonte, Huelva) a través de la Estación Potabilizadora de Palos. “Con este decreto, el Gobierno ha generado un elemento para el argumentario político ahora, en campaña electoral”.
Además, el portavoz se ha referido a que “nos promete clausurar todos los pozos en 2025, y no explica cómo, porque no es posible que llegue el trasvase en dos años, ni hay recursos para regar en superficie porque no ejecuta el trasvase, ni recrece la presa del Agrio, ni depura y regenera aguas incumpliendo reiteradamente lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua, argumento por el que el Tribunal Superior de Justicia Europeo emitió la sentencia en 2021”.
Y, lo más importante, “no respeta la ley del trasvase, cuando reparte grandes volúmenes de agua sin que se hayan constituido la comisión técnica ni la Junta Central de Usuarios”. Estosórganoss tiene que estar dotados además den un reglamento y estatutos “que no se conocen ni se han generado”. Estos 3 hm3 “se están hurtandodel trasvase de 19,99 hm3, repartiéndose unilateralmente, modificando una ley que se aprobó primero en el Parlamento Andaluz y luego se llevó a las Cortes Generales para su aprobación”.
“No se puede modificar el Plan Hidrológico a través del Consejo de Ministros”, ha dicho Díaz. Se trata, por tanto, de “más humo, más confusión y más utilización partidaria desde el Consejo de Ministros”. Una vez más, a costa de los agricultores, la agricultura y un sector que habiéndose manifestado multitudinariamente en Huelva al grito de “Agua Ya”, motivó la aprobación de un trasvase al que no paran de untarle agua para tapar sus errores del pasado. Además, el portavoz remarca que “no estamos en contra de que Matalascañas deje de beber del acuífero, pero sustraer unilateralmente agua del trasvase destinada a la agricultura para ello, sin legislar nuevos recursos, introduce nuevos problemas en la ya complicada situación en la que nos encontramos.