La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se muestra satisfecha ante el desbloqueo del Plan de la Corona Norte

Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana

Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha mostrado su satisfacción ante el desbloqueo del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, cuya aprobación ha sido anunciada por la Junta de Andalucía durante el pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, celebrado hoy en el Aznalcázar (Sevilla).

Los miembros de la Plataforma han manifestado su agrado ante el texto aprobado, que permitirá regularizar como zona regable unas 9.300 hectáreas, lo que supondrá una “mayor estabilidad y seguridad” para los agricultores de esta comarca, como ha asegurado el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón. “Es una noticia que llevábamos esperando más de tres años, desde que en marzo de 2011 presentamos las alegaciones al documento inicial, y hoy la recibimos muy ilusionados porque ayudará a consolidar el sector gracias a una mayor seguridad jurídica”, ha explicado Picón.

El Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte protegerá aún más al Espacio Natural de Doñana, por lo que también será beneficioso para el agricultor, que ve en él un aliado para otorgar un valor añadido a su producción. Como ha señalado el presidente de la Plataforma, “la sostenibilidad es el único camino posible y el Plan nos ayudará a recorrerlo de la mano de las administraciones y las asociaciones ecologistas”.

Pérdida de explotaciones agrícolas
Aunque el desbloqueo del Plan ayudará a consolidar los regadíos del Condado de Huelva, supondrá la pérdida de algunas explotaciones agrícolas y puestos de trabajo. Por ello, la Plataforma seguirá luchando por regularizar aquellas hectáreas que aún cumpliendo con los requisitos del Plan no han sido consideradas como regadíos por diferentes motivos. Los cinco municipios contemplados en el Plan –Moguer, Almonte, Rociana del Condado, Lucena del Puerto y Bonares– suman un total de más de 120.000 hectáreas, de las que se ha regulado para regadíos tan sólo un 10 %, “una proporción mínima que difícilmente podrá suponer una carga excesiva para el acuífero”, tal y como ha especificado Picón.

Por otra parte, el portavoz de la Plataforma, Ángel Gorostidi, ha propuesto durante la celebración del Consejo de Participación la aprobación de una disposición transitoria de ley que permita incrementar las hectáreas regables en caso de que aumenten los recursos hídricos disponibles, ya sea a través de agua superficial procedente de la transferencia al Condado, de recogida de aguas pluviales o incluso haciendo posible la extracción de aguas subterráneas en aquellas zonas donde no suponga un riesgo para el acuífero. En este sentido, Gorostidi ha hecho hincapié en el potencial de los sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, que permiten optimizar al máximo el agua de lluvia que cae exclusivamente sobre las parcelas de cultivo –no sobre terreno forestal– y devolverla de forma ordenada a la tierra.

Transferencia al Condado
La aprobación del Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana por la Administración regional supone el primer trámite para su aplicación definitiva; ahora deberá pasar por el Consejo de Gobierno y, finalmente, publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El Plan, en el que se invertirán unos 62 millones de euros, y el desarrollo de las obras de abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana, iniciadas por la Junta de Andalucía en mayo del año pasado, supondrán un paso adelante en la consolidación de los regadíos del Condado de Huelva. No obstante, las obras de la transferencia, dependientes del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (Magrama), siguen sin dar comienzo después de que su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fuese resuelta favorablemente el pasado mes de octubre, por lo que la Plataforma teme que no puedan cumplirse los plazos de ejecución que permitan recibir el 70 % de la inversión por parte de los fondos europeos.

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