El elemento más necesario e importante para el buen desarrollo de un cultivo es el agua. Si ésta es abundante y de calidad, el resto de piezas del puzzle encaja. La incertidumbre que provoca terminar una campaña agrícola y no saber si habrá agua para la siguiente llevó a los agricultores del Condado a empezar a movilizarse. La primera decisión fue unirse en torno a una plataforma. Este es el instrumento bajo el que actualmente trabajan diferentes agentes sociales, agricultores, ayuntamientos (de distinto signo político), asociaciones, etc., para luchar por la llegada del agua superficial y la regularización del regadío.
En su primer año de funcionamiento, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha conseguido “crear conciencia de que la unión hace la fuerza”. Así lo explica uno de sus portavoces y presidente de Interfresa, Cristóbal Picón, quien asegura que, “lamentablemente, los agricultores no somos muy reivindicativos, somos muy conformistas y no solemos reclamar como otros sectores”. A su juicio, “hemos demostrado que juntos podemos conseguir mucho más y nuestra valoración de este trabajo realizado, aunque nos queda mucho por conseguir, es muy positiva”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, una de las que gestó la plataforma, Alberto Garrocho, apunta que esta iniciativa nació “porque había una problemática encima de la mesa. Ahora es por el riego pero entendemos que en un futuro debe atender y defender las incertidumbres o problemas que surjan en este sector, porque nos aglutina a todos”.
El colectivo solicitaba la resolución de las alegaciones al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana y que se iniciaran las obras de la transferencia al Condado. Un total de 4,99 hectómetros cúbicos que vendría a sustituir el agua subterránea por superficial y a acabar con la incertidumbre por el regadío en esta zona. En estos meses de trabajo la plataforma ha llevado a cabo reuniones en las cinco localidades (Moguer, Lucena, Rociana, Almonte y Bonares) afectadas por la escasez de agua para sus cultivos. La Junta ya ha remitido el nuevo plan, en el que ha tenido en cuenta estas alegaciones, al Consejo de Participación de Doñana, que debe emitir un nuevo informe. Según señala Picón, “nos han asegurado que saldrá en unos meses”.
Este plan les dirá qué tierras son regables y cuáles no. Pero se les plantea otro dilema y es que “no es posible regar toda esa superficie con 4,99 hectómetros cúbicos” que llegarán gracias a la transferencia. Por ello, el presidente de Interfresa, agricultor en Lucena, asegura que “es necesario aprovechar las instalaciones e infraestructuras que vamos a construir y que el agua transferida sea mayor. Sólo así podremos regar el Condado con agua superficial”.
Aquí se mezclan la ‘batalla’ del colectivo con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, la administración que debe dar su visto bueno definitivo a las obras de ‘Modernización y consolidación de los regadíos del Condado’. Estos trabajos harán posible la transferencia de 4,99 hm3 de agua del sistema Chanza Piedra, aprobado por el Consejo de Ministros en 2008. En esto el tiempo juega en su contra. Si no dan comienzo en 2013 perderán 17 millones de euros (el 30%, un total de cinco millones, ha sido aportado por los propios agricultores) procedentes de fondos europeos.
12.000 manifestantes. Estas reivindicaciones llevaron a la plataforma a unir fuerzas y protagonizar una manifestación histórica para el sector agrícola de la provincia de Huelva. Para Garrocho, “fue un día muy importante para nosotros, para demostrar la importancia de nuestras reivindicaciones, y recibimos en la calle todo el apoyo que veníamos solicitando”. Asegura que fue “sólo un paso de los muchos que tendremos que dar para que el agua llegue al Condado, por el bien de la economía de la comarca, en la que los frutos rojos generan más de 80.000 empleos, directos e indirectos”.
Además de actos puntuales como esta manifestación, en la que participaron más de 12.000 personas, la plataforma está defendiendo los intereses del sector de manera colectiva, como las posibles medidas legales que se puedan tomar tras el informe remitido por la Fiscalía de Medio Ambiente a los ayuntamientos. Hasta el momento han llegado más de 200 expedientes sancionadores en los cinco municipios por el uso del agua subterránea. Por ello, el colectivo solicita al Gobierno central, del que depende la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “que ponga fin a la situación de los pozos y que se regularicen con autorizaciones temporales mientras llega el agua superficial”. Los agricultores ya han asegurado que los pozos se irán cerrando conforme vaya llegando este agua a la zona, aliviando así el acuífero 27 de Doñana. Para Garrocho, “es necesario acabar con la incertidumbre de no saber si contaremos o no con agua para la campaña y que se deje de tratar a los agricultores como delincuentes medioambientales, porque queremos hacer las cosas bien”.
Los siguientes pasos de esta plataforma serán el traslado al Parlamento Europeo de su problemática y peticiones, así como la recogida de firmas para ser entregadas a los defensores del pueblo andaluz y español, Jesús Maeztu y Soledad Becerril, respectivamente.
